Congreso publica nueva ley para fortalecer la ejecución coactiva de deudas
El Parlamento aprobó la Ley 32678 que moderniza el procedimiento de cobranza forzosa, buscando mejorar la efectividad en la recuperación de créditos.
Imagen: Andina
Lo esencial
- El Congreso publicó la Ley 32678 que modifica el procedimiento de ejecución coactiva
- La reforma moderniza la Ley 26979 vigente desde 1998
- El objetivo es fortalecer mecanismos de cobranza forzosa y mejorar su efectividad
El Congreso de la República publicó oficialmente la Ley 32678, una normativa que introduce modificaciones significativas a la Ley 26979 de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Esta reforma legislativa tiene como objetivo principal fortalecer y optimizar los mecanismos disponibles para la ejecución coactiva de obligaciones, un proceso fundamental en el sistema de justicia civil que permite recuperar deudas mediante procedimientos legales.
La Ley 26979, vigente desde 1998, constituye el marco legal que regula cómo se ejecutan las sentencias y resoluciones administrativas cuando los deudores no cumplen voluntariamente sus obligaciones. Su actualización responde a la necesidad de adaptar estos procedimientos a la realidad actual, mejorando su eficacia y celeridad en beneficio de acreedores y del sistema judicial en general.
Reforma integral del procedimiento coactivo
La publicación de esta nueva ley representa un paso importante en la modernización del sistema de cobranza forzosa. Las modificaciones introducidas buscan agilizar los trámites, reducir plazos innecesarios y fortalecer las herramientas disponibles para los ejecutantes, generando un procedimiento más efectivo y eficiente que garantice el cumplimiento de las obligaciones legales.
La reforma refleja el reconocimiento de que el procedimiento de ejecución coactiva requería actualización frente a nuevos desafíos en la recuperación de deudas. Con estas modificaciones, se espera mejorar la experiencia de quienes recurren a estos mecanismos legales, tanto en el sector público como privado, facilitando la tutela efectiva del derecho de los acreedores.
La implementación de la Ley 32678 marca un hito en la política legislativa orientada a fortalecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos económicos. Con esta normativa en vigor, se abre un nuevo capítulo en la ejecución de obligaciones, donde se espera que mayor eficiencia y claridad procesal contribuyan a resolver de manera más rápida y satisfactoria los conflictos de naturaleza coactiva en el país.
Fuente original: Andina