Exjefes de la UCO ratifican ante el juez que les pidieron "ponerse de perfil"

Antiguos jefes de la Unidad Central de Operaciones (UCO) han testificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reafirmando sus declaraciones previas sobre presiones internas para desactivar investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE. Sus testimonios contradicen las versiones proporcionadas por Mercedes González respecto a cómo se gestionaron casos delicados desde la cúpula de la institución.

En el marco de la causa que investiga posibles maniobras para frenar causas perjudiciales para la administración, estos exdirectivos han confirmado al juez que recibieron instrucciones explícitas de "ponerse de perfil" en asuntos sensibles. Las declaraciones apuntan a una presión sistemática desde niveles superiores para modular el ritmo y alcance de las investigaciones, particularmente en lo concerniente a la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno.

Discrepancias sobre contactos con terceros

Un punto especialmente controvertido en los testimonios es la cuestión de los contactos con intermediarios externos. Mientras que Mercedes González ha sostenido que mantuvo informada a la cúpula de la UCO sobre sus relaciones con ciertos contactos denominados la "fontanera", los exjefes niegan categóricamente haber sido notificados de estas conexiones. Esta divergencia resulta central en la investigación, ya que podría indicar fallos en la cadena de información o, alternativamente, una versión incompleta de los hechos.

Las declaraciones de los antiguos responsables operativos se producen en un contexto donde la Audiencia Nacional busca esclarecer si hubo interferencias políticas en investigaciones criminales de relevancia. El juez Pedraz intenta reconstruir el flujo de decisiones y comunicaciones dentro de la UCO durante el período en cuestión, donde convergen acusaciones de presión institucional y posibles irregularidades procedimentales.

Los testimonios contrastan con la versión de González, quien ha mantenido una posición defensiva respecto a sus actuaciones. Esta colisión de relatos complica el panorama probatorio del caso, obligando al tribunal a ponderar cuáles fueron las dinámicas reales de funcionamiento dentro de la institución y si existió voluntad de obstaculizar investigaciones desde la dirección de la Guardia Civil.

La investigación sigue su curso con nuevas declaraciones programadas, mientras se consolida un expediente que busca determinar si se cometieron delitos de prevaricación o abuso de autoridad. Las conclusiones del juez Pedraz podrían tener implicaciones significativas no solo para los investigados, sino para la credibilidad institucional de los órganos de seguridad del Estado.