Indecopi declara ilegal el cobro de Sunedu por reconocer estudios extranjeros

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha emitido un pronunciamiento en el que cuestiona la legalidad de los cobros que realiza la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por el reconocimiento de estudios realizados fuera del territorio peruano. Según la autoridad, estos aranceles podrían constituir una práctica contraria a la normativa de protección al consumidor.

El proceso de homologación y reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en universidades extranjeras es un trámite fundamental para que los profesionales puedan ejercer legalmente sus carreras en Perú. Sin embargo, la Sunedu ha establecido una serie de cobros por este servicio, los cuales ahora son cuestionados por Indecopi, quien considera que su aplicación podría vulnerar derechos de los usuarios y consumidores que buscan validar sus credenciales académicas internacionales.

Clarificación sobre la legalidad de los aranceles

Indecopi ha emitido una aclaración oficial indicando que el cobro realizado por Sunedu para el reconocimiento de estudios extranjeros no contaría con el respaldo legal necesario. La institución defensora del consumidor señala que este tipo de tarifas deben cumplir con requisitos específicos y estar debidamente fundamentadas, lo cual aparentemente no estaría sucediendo en este caso. Esta posición de Indecopi representa un respaldo importante para los profesionales que consideran estos cobros abusivos o injustificados.

La Sunedu, como entidad reguladora de la educación superior universitaria en Perú, tiene la responsabilidad de validar la equivalencia académica de los títulos extranjeros. No obstante, la forma en que financia este servicio administrativo ha generado controversia, especialmente entre aquellos que arguyen que se trata de un gravamen excesivo sobre un derecho que debería ser más accesible para los ciudadanos que buscen mejorar su situación laboral en el país.

Este pronunciamiento de Indecopi abre la puerta a posibles reclamos de usuarios que hayan pagado estos aranceles, así como a futuras revisiones sobre la estructura de costos que mantiene la Sunedu. La decisión también podría sentar un precedente importante sobre cómo las entidades estatales deben justificar y fundamentar sus cobros por servicios administrativos relacionados con derechos educativos y profesionales.

Tanto la Sunedu como otros organismos públicos que cobren por servicios similares deberán revisar cuidadosamente sus bases normativas para asegurar su conformidad con las disposiciones sobre protección del consumidor. Mientras tanto, los profesionales que hayan sido afectados por estos cobros podrán recurrir a Indecopi para ejercer sus derechos y buscar la devolución de lo pagado indebidamente.