MEF aprueba distribución del canon minero para gobiernos regionales y locales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha aprobado oficialmente los índices de distribución del canon minero correspondiente al año fiscal 2025. Estos porcentajes servirán como base para transferir los recursos provenientes del Impuesto a la Renta a los gobiernos regionales y gobiernos locales que califican como beneficiarios de estos fondos.

El canon minero constituye uno de los mecanismos más importantes de redistribución de ingresos en Perú, permitiendo que las zonas productoras de minerales reciban una porción significativa de los impuestos generados por la actividad extractiva. Estos fondos son determinantes para financiar proyectos de infraestructura, servicios básicos y desarrollo en las regiones mineras del país, donde se concentra gran parte de la actividad económica extractiva.

Distribución de recursos hacia gobiernos subnacionales

La aprobación de estos índices responde al proceso anual establecido por ley, donde el MEF calcula y formaliza los porcentajes de reparto según criterios técnicos que consideran variables como la producción minera, la población beneficiaria y otros factores socioeconómicos. Esta acción normativa es fundamental para que los gobiernos regionales y locales puedan planificar sus presupuestos e iniciativas de desarrollo durante el 2025.

La medida refleja el compromiso estatal de mantener una estructura fiscal ordenada en el sector minero, garantizando que los ingresos generados por la explotación de recursos naturales se canalicen efectivamente hacia las comunidades afectadas. El canon minero ha sido históricamente una fuente relevante de financiamiento para departamentos como Junín, Ancash, Arequipa y Puno, entre otros, donde predomina la actividad extractiva.

Con la aprobación de estos índices, el MEF abre el camino para que las transferencias de canon minero durante el 2025 se realicen conforme a un marco claro y predecible, permitiendo que administraciones locales y regionales ejecuten sus planes de inversión con mayor certidumbre fiscal. Esto representa un paso importante en la gestión ordenada de las finanzas públicas y la distribución equitativa de los ingresos del Estado.